Una completa red para el pago de favores.

LOS CAJEROS AUTOMATICOS DEL ESTADO

Lo ocurrido con “Chiledeportes” revela que es sólo un “cajero automático” más de la completa y poderosa red que dispone el Estado para pagar favores políticos. La inoperancia de los involucrados, que dejaron huellas visibles de su actuar, permitió conocer a los llamados “operadores políticos”.

La mayoría de quienes ingresan hoy a la política activa ya no lo hacen, como ocurría en antaño, por vocación de servicio público, sino como una forma de encontrar trabajo y recibir un ingreso remunerado.

Es por eso que después de las elecciones, desde la misma Presidenta hasta los parlamentarios deben pagar los “favores” a quienes trabajaron por ellos durante las respectivas campañas. Es así como los más conspicuos aspiran a ministerios, embajadas, miembros de directorios y otros perfumados cargos de la administración pública y los más “pililos” deben conformarse con una peguita en algún servicio público.

En ese proceso, cual Revolución Francesa, la guillotina está a la orden del día. Sables, cuchillos y cualquier “arma” son utilizadas para derrotar a los postulantes – contrincantes y obtener el ansiado puesto de Gobierno.

Sin embargo, hay quienes se quedan afuera de esta desenfrenada carrera. Sólo les interesa que, en un codiciado cargo, quede un “amigo”, aquel que deberá servir de cajero automático para sus posteriores intenciones.

¿Y cómo opera el sistema? Muy simple. Por ejemplo, si se necesita contratar una empresa para realizar un estudio, ahí está el amigo del partido que tiene una consultora; si se requiere comprar computadores, justo está el compañero o camarada que los vende más baratos. Así, suma y sigue.

Siguiendo esta lógica, muchos fondos concursables ya están “designados”, porque ya vienen recomendados por la “autoridad” correspondiente. Basta recodar lo que ocurre cada vez que se entregan los resultados del FONDART, cuando llueven las críticas de los que quedaron con los bolsillos vacíos.

La “pitutocracia” funciona a la perfección.

Entonces, “Chiledeportes” es un cajero automático más de los que dispone el Gobierno para atender a su “clientela”.

Resulta ingenuo creer que esto se soluciona nombrando a jefes de servicios públicos vía concurso público. El factor político siempre estará presente en cualquier decisión que tome el Gobierno.

Y la Derecha sabe cómo funciona el sistema. Ya lo conoció en tiempos de la Dictadura, cuando “duros” y “blandos” también se aprovechaban del botín estatal. Lo que a ellos les ocurre que consideran que 20 años de gobierno de la Concertación es más que suficiente, porque ellos también tienen una clientela que satisfacer.

Por lo tanto, no habrá cambios significativos que afecten a esta “potente” maquinaria. Dejaría muy atada de manos a la próxima administración.

Quizá una de las fórmulas para una mayor transparencia del sistema pasa por una modernización de la Contraloría General de la República, que le signifique contar con las atribuciones suficientes para ejercer una mayor fiscalización del Estado.

La Contraloría debiera tener también un mecanismo que les permita recibir denuncias anónimas, puesto que el temor reverencial les impide a muchos funcionarios públicos revelar las anomalías existentes en sus respectivos servicios.

Los actos del Estado deben ser públicos, excepto, obviamente, los que afecten la seguridad nacional. Por ejemplo, si se realiza un fondo concursable, debe existir una página web donde aparezcan todos los proyectos y la evaluación realizada, explicando las razones por las cuales algunos ganaron y otros perdieron.

Al respecto, quizá debieran existir organismos evaluadores independientes, que no pertenezcan a la institución pública que esté realizando el respectivo concurso.

Finalmente, la comunidad organizada y participante es la mejor fiscalizadora para evitar la corrupción.